Procesamiento por reingreso ilegal – Reducción de pena

Desde 2013, nuestro cliente enfrentaba cargos penales en el Distrito Norte de Illinois, División Este, por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos tras haber cometido un delito grave. El reingreso ilegal puede conllevar una pena de hasta 20 años de prisión. Según las directrices de sentencia, calculadas por el Departamento de Libertad Condicional de los Estados Unidos, nuestro cliente se enfrentaba a una pena de entre 46 y 57 meses en una prisión federal. El 17 de septiembre de 2015, el juez sentenció al acusado a tan solo 15 meses. Tras varias mociones y argumentos que impugnaban las afirmaciones del gobierno, el juez coincidió con la defensa en que una sentencia basada en las directrices sería injusta. Los abogados defensores del acusado fueron Carla I. Espinoza y James C. Ten Broeck Jr., del bufete Chicago Immigration Advocates Law Offices. Este fue un caso arduo y prolongado, ya que inicialmente impugnamos la validez de las órdenes de deportación de nuestro cliente, al descubrir varias irregularidades en sus audiencias de deportación de 1993 y 1994, incluyendo una traducción errónea. Esta fue una estrategia legal importante porque expuso la injusticia que muchos inmigrantes enfrentan durante los procesos de deportación y permitió que el juez la considerara a favor de nuestro cliente. Si bien el juez finalmente dictaminó que las órdenes de deportación eran válidas, reconoció que la defensa lo había instado a considerar aspectos legales que le eran desconocidos. Tras analizar cuidadosamente todas las posibles defensas después de este fallo, le informamos a nuestro cliente que sus probabilidades de ganar el juicio eran bajas y que le convendría más aceptar una declaración de culpabilidad condicional para que pudiéramos enfocarnos en la reducción de la pena. Tras la declaración de culpabilidad, el departamento de libertad condicional presentó al juez, al preparar su informe previo a la sentencia, hechos adversos que justificaban la aplicación de los antecedentes penales —cuando, de hecho, la Fiscalía Federal no había añadido ninguno— debido a que el acusado supuestamente había reingresado a Estados Unidos en un momento mucho más cercano a la fecha en que cometió el delito grave. Los abogados de Chicago Immigration Advocates argumentaron que basarse en ese factor violaría el debido proceso legal y los principios de confidencialidad y, en consecuencia, logramos reducir el cálculo de la pena en cinco meses y persuadir al juez de que una pena aún menor era apropiada. Lo más importante de este caso fue que se logró persuadir al juez para que impusiera una pena menor a la recomendada por las directrices de sentencia, al menos 31 meses inferior a la recomendada. Durante la audiencia oral, la abogada Carla I. Espinoza convenció al juez de reducir la pena considerando las motivaciones del acusado para regresar a Estados Unidos, su aceptación de responsabilidad y rehabilitación, sus lazos familiares en Estados Unidos y sus intentos por obtener un estatus legal en el país. El juez coincidió en que una pena dentro del rango de las directrices sería injusta para el acusado, dada la totalidad de las circunstancias. Al concluir la audiencia, el juez le dijo al acusado: «Los abogados han hecho un trabajo extraordinario; me hicieron reflexionar sobre aspectos que nunca antes había considerado». Nos complace compartir este caso de éxito, ya que demuestra la importancia de contar con buenos abogados que lo representen en cualquier procedimiento legal, pero especialmente en los procesos de reingreso ilegal, donde hay mucho en juego. Para este cliente, nuestra diligente representación significó una reducción de 31 meses (2 años y 7 meses) en su condena de prisión federal, en comparación con la condena que probablemente habría cumplido si su abogado anterior hubiera continuado representándolo.